No cabe duda de que el fenómeno social con mayor impacto transformador, actual y potencial, es el envejecimiento de la población mundial. No obstante, habitualmente tendemos a abordarlo en un sentido equivocado, quizás porque de manera inmediata nos vienen solo a la cabeza las dos primeras acepciones del verbo envejecer (“hacer o hacerse viejo o antiguo”), cuando la verdaderamente relevante es la tercera: “durar, permanecer por mucho tiempo”. No se trata, por tanto, de un “problema” que afecte únicamente a un sector de la población y que solo de forma indirecta alcance a los demás, ya sea como “amenaza” futura de tipo vital, o presente de carácter fiscal o asistencial. En absoluto, la permanencia de una vida dilatada en el tiempo está implicando una transformación global de efectos mayoritariamente positivos, pero de difícil encaje en el actual marco institucional y social en el que nos movemos. El reto, en consecuencia, es adaptarlo en la medida de lo posible.
En la actualidad, las personas permanecen vivas por mucho más tiempo del que ha sido habitual en la historia de la humanidad y el inmediato futuro va a conllevar avances todavía más asombrosos. Más de la mitad de los niños nacidos en España este año sobrepasarán los ciento siete años de edad. Y eso basándonos en cálculos conservadores. Es una gran noticia, porque no solo viviremos más, sino con mejor calidad física y cognitiva. Pero hay que ser conscientes de que el fenómeno del envejecimiento, o permanencia de una vida prolongada en el tiempo en buenas condiciones, se hace sentir ya en todas las escalas de edad, incrementándose así en todas ellas la correspondiente productividad real o potencial de sus integrantes. Otra cosa es que no sepamos aprovecharla. Y es que el desafío que tal fenómeno implica desde el punto de vista social, económico, laboral, familiar, sanitario y jurídico, es de tal dimensión y complejidad, que todavía no hemos sido capaces de afrontarlo de una manera global y omnicomprensiva con la finalidad de maximizar sus beneficios.
Los desafíos
Como botón de muestra de las tareas pendientes que tenemos ya sobre la mesa, baste pensar en el actual problema de la sostenibilidad de los sistemas públicos, tanto en el ámbito de la sanidad y atención de la discapacidad, como en el de las pensiones; en las modificaciones que este fenómeno está implicando en la duración y composición de la vida laboral, tanto con respecto a la edad y obligatoriedad de la jubilación como en relación a la formación continuada; en las nuevas estructuras familiares y en la simultánea convivencia de varias generaciones, con lo que conlleva de distribución inequitativa de las cargas resultantes, actualmente en perjuicio de mujeres y mayores; en los conflictos intergeneracionales a la hora de tomar decisiones de gasto público; en las dificultades de combinar adecuadamente el respeto a la dignidad y autonomía de las personas y la protección de la vulnerabilidad, con el riesgo de incurrir en el “edadismo” o discriminación por razón de edad, etc.
Estos retos no pueden abordarse con soluciones simples. La previsible prolongación de la jubilación y los problemas de financiación de la última etapa de la vida requieren replantear de una manera profunda el esquema vital que ha sido hasta ahora tan predominante, configurado a través de tres etapas sucesivas: formación, trabajo y jubilación. En el marco de una vida prolongada esta radical separación está llamada a diluirse, combinándose los periodos de trabajo con los de ocio y formación que faciliten el equilibrio y financiación continuada que la nueva normalidad va a exigir. Las implicaciones que ello conlleva en el ámbito personal, familiar y matrimonial, son evidentes. Sobra decir que la mayoría de los actores sociales, comenzando por las autoridades públicas y terminando por las empresas, apenas están ofreciendo respuestas. Quizás lo explique la propia lentitud del fenómeno, difícil de afrontar por una política y un sector económico habitualmente atrapados por el cortoplacismo. Pero su inexorabilidad no admite más dilaciones y los procesos de adaptación deben comenzar con carácter urgente, máxime teniendo en cuenta su complejidad.
La perspectiva jurídica
Ante un desafío de semejante entidad, las aproximaciones parciales, habituales en los foros especializados sobre la materia, son insuficientes. Especialmente se echa de menos la perspectiva jurídica, sin la cual resulta muy difícil ofrecer soluciones con una mínima virtualidad práctica. Así, los retos que se derivan para el sistema público de pensiones a la hora de financiar la jubilación deben estudiarse conjuntamente con los instrumentos jurídicos que pueden ayudar a complementarlas al movilizar la inversión más importante de las familias españolas, como es su vivienda en propiedad; la pérdida de capacidad a la hora de tomar decisiones, incluidas las sanitarias, debe estudiarse en combinación con las medidas preventivas de tipo jurídico que es posible diseñar para atender esas necesidades; el previsible cambio de paradigma en el seno de la familia exigirá reflexionar sobre ciertas instituciones clásicas del Derecho civil de familia y sucesiones, pensadas para épocas muy diferentes; incluso los propios conflictos intergeneracionales a la hora de destinar los recursos públicos o diseñar políticas públicas no pueden analizarse sin tener en cuenta las modificaciones en el propio diseño institucional democrático de toma de decisiones que permitan equilibrar el creciente y excesivo peso político de los mayores frente a los más jóvenes.
Efectivamente, es fácil comprender que los conflictos de intereses abundan en este tema, lo que exigirá escuchar a todos los sujetos implicados con la finalidad de ponderarlos adecuadamente, creando los cauces necesarios para ello. Asimismo, será necesario experimentar y reflexionar sobre la experiencia ajena, hasta llegar al convencimiento de que las soluciones propuestas funcionan. Ello exige construir consensos que aspiren a una mínima estabilidad y que no queden al albur de los prejuicios ideológicos y de las coyunturas partidistas del momento, lo que en el actual clima social y político parece bastante difícil de conseguir. Pese a ello, no estamos condenados a vivir necesariamente al amparo de regulaciones públicas y corporativas trasnochadas. Desde la sociedad civil tenemos la capacidad suficiente para impulsar este tema, creando foros de debate y reflexión con un doble objetivo. En primer lugar, y a través de la divulgación, para ayudar a tomar conciencia de la magnitud de problema, lo que ayudará a incluirlo en la agenda política y social. Y en segundo lugar, pero no menos importante, creando espacios de debate de carácter multidisciplinario donde se pongan en común los distintos intereses y perspectivas, como medio idóneo para ir planteando soluciones que puedan ser aprovechadas por los correspondientes protagonistas sociales.
Congreso Notarial 2020
Es por todo ello que el Consejo General del Notariado decidió el pasado mes de febrero dedicar el XII Congreso Notarial, a celebrar en Málaga los días 7 y 8 de mayo de 2020, a este importantísimo asunto. Son sobradamente conocidas las relevantes funciones que desempeñan los notarios como defensores de la libertad civil de las personas y como ingenieros de los costes de transacción a la hora de diseñar los instrumentos jurídicos más adecuados para atender los legítimos intereses de los ciudadanos. Su asesoramiento especializado facilita la toma de conciencia de las implicaciones jurídicas derivadas de los actos civiles, contribuyendo así a una mejor planificación vital. Estos factores se encuentran íntimamente conectados con los retos derivados del envejecimiento. Pero lo cierto es que este Congreso no pretende limitarse a los notarios ni a las cuestiones que les preocupan profesionalmente. La ambición de los organizadores aspira a convertirlo en un foro abierto a todos los profesionales vinculados con este fenómeno, con la finalidad de lograr esa comunicación interdisciplinar tan necesaria a la hora de afrontar los correspondientes retos. Obviamente, dadas las gigantes implicaciones y derivadas de este tema, será necesario limitar el estudio a las cuestiones más relevantes y actuales. Pero, en todo caso, se trata solo de un paso más en un largo camino que, lógicamente, no pretende agotar este tema del envejecimiento de la población, sino contribuir modestamente a que la sociedad civil en general, y el mundo jurídico en particular, tome conciencia de su enorme relevancia, presente y futura.
