Una tendencia, sin duda, es el envejecimiento de la población
En lecturas sobre este tema he ido recogiendo frases que, si se piensan bien, significarán un cambio importantísimo en el mundo, como «las personas que están naciendo hoy tienen una esperanza de vida de 100 años»; «no hay ninguna causa física o funcional que impida que el ser humano pueda vivir en un entorno, al menos, de los 130 años»; o «hay que acostumbrarse a ver como un hecho normal que personas con 75 o más años formen parte de las empresas».
Si realmente estos hechos se suceden en el futuro, nuestra sociedad vivirá un desafío económico mayor aún que el impacto de la digitalización. Las necesidades sanitarias de esas personas, una pensión suficiente y los recursos necesarios para atender su dependencia, requerirán un crecimiento anual del PIB muy por encima de las cifras de tendencia que estamos observando últimamente.
En España, además del envejecimiento normal de la población, dos hechos inciden agravando nuestra situación: el baby boom de los años sesenta-setenta y la bajísima tasa de fertilidad que tenemos en comparación con otros países de nuestro entorno. Esto ha provocado que el número de personas que con sus cotizaciones financian pensiones, sanidad y dependencia, sea uno de los más bajos de los países de nuestro entorno; y la previsión es que disminuya en los próximos años. Además, nuestra situación empeora por ser un sistema básicamente de reparto.
El gasto para mantener unas condiciones de vida dignas en esta etapa vital debería conseguirse de tal manera que fuera asumible sin comprometer otras necesidades del conjunto de la población; solo de ésta forma podrá ser sostenido y sostenible en el tiempo.
Las medidas necesarias para asumir las prestaciones de la población envejecida deberían abordarse, en mi opinión, cuanto antes, tanto desde el punto de vista de aumentar los recursos destinados a sufragarlas como del de disminuir el coste de las mismas.
Los costes de la atención sanitaria y de ayuda a la dependencia podrían controlarse o reducirse mediante el uso de estrategias que disminuyeran la frecuencia con que los mayores utilizan los servicios, o con un copago racional que pudiera evitar la atención innecesaria; o mediante la mejora de la salud y la prevención de las enfermedades ( por ejemplo con el aumento del número de médicos de atención primaria, medidas de cribado adecuadas y otras preventivas que podrían evitar posteriores tratamientos costosos).
También podría incentivarse a los proveedores de servicios sanitarios para que sigan las directrices preventivas, fomentar la vida activa y sana, propiciar que se pueda envejecer en la vivienda o conceder beneficios para los cuidadores familiares, etc.
Hay países que aplica medidas como aumentar la edad de jubilación forzosa; incentivar el trabajo más allá de los 65 años; incentivar fiscalmente el ahorro; o formar a mayores de 55 años en busca de trabajo.
En España las medidas a aplicar podrían, y en mi opinión, deberían, favorecer el ahorro privado, para que podamos procurarnos un complemento económico a la pensión. Este suplemento podría llegar por el propio ahorro o por la contribución de las empresas.
Un sencillo dibujo macroeconómico puede sernos útil para entender el desafío económico que supondría este envejecimiento: En España el 9,8 % del PIB se dedica a la sanidad, tanto pública como privada, por lo que crecimientos interanuales del 6 % del PIB permitirían mantener esa atención sanitaria pareja al envejecimiento de la población. Si no se diera esta situación, o bien incrementamos ese 9,8% hasta un 15 o un 16% o deberán abandonarse ciertas prestaciones gratuitas.
Tampoco quiero dejar de apuntar que cada euro gastado en ampliar esa esperanza de vida genera un gasto similar para sufragar pensiones y otro tanto para atender su dependencia.
Estas y otras cuestiones serán objeto de debate durante dos días en el XII Congreso Notarial Español, que hoy inauguramos en Málaga, con la participación de más de 70 expertos de muy diversos sectores, incluido el jurídico.
